El primer antecedente que se tiene de uso de equipos de
procesamiento automatizado de datos dentro de la administración pública, y en
el país en general, es el de un equipo de tabulación electrónica de datos del
Ferrocarril Mexicano, instalado en 1927. Posteriormente, en 1957, se colocó el
primer equipo de cómputo en la UNAM. Ambos casos se presentaron de manera
aislada. En 1960, los montajes de equipos de cómputo del sector público se
habían ampliado, para alcanzar una inversión de 30 millones de pesos (2 millones 400 mil dólares). En 1966, ya
funcionaban en el sector unas 40 instalaciones que representaban 29% de las
existentes en el país, con una inversión de 200 millones de pesos (16 millones
de dólares).
Ante el aumento de las instalaciones de equipos, con la
finalidad de dar congruencia al desarrollo de la informática, a principios de
la década de los años 70, la Secretaría de la Presidencia publicó el Programa
de Reforma Administrativa del Gobierno Federal, 1971-1976, el cual contenía el
Programa IX.- de Racionalización del Sistema de Procesamiento Electrónico de
Datos, cuyos objetivos eran optimizar, racionalizar y compatibilizar la
utilización de los recursos con que contaba el sector público en materia de
informática para auxiliar a la actividad de la administración y lograr al mismo
tiempo una mayor productividad del gasto en este renglón.
En aquellos años, el sector público federal tenía casi
100 computadoras instaladas en 50 instituciones gubernamentales. Este equipo
apoyaba las funciones de procesamiento electrónico de datos, con una erogación
aproximada de mil millones de pesos (80 millones de dólares), lo cual
representaba 47% de la inversión o gasto que se destinaba a ese concepto.
A finales de la década de los años 70 y durante la de
los 80, se realizaron diversas acciones para la implementación de la política
informática, cuyo objetivo central fue racionalizar el gasto en la adquisición
de bienes y contratación de servicios informáticos, a través del dictamen de
los estudios de viabilidad que deberían presentar las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal ante la SPP para su autorización. Dicho
dictamen consideraba tres aspectos: análisis técnico, evaluación de la
erogación y determinación de las condiciones contractuales.
Dicha política, empezó a tomarse en cuenta en 1993
cuando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
junto con otros sectores gubernamentales, estuvieron preocupados de que, el
país no contara con estrategias para aprovechar al máximo las tecnologías de información
(TI) como objetivos nacionales a futuro. Por lo que motivó a que, dicho
instituto, creara un consejo consultivo cuyo papel fuera analizar y proponer
recomendaciones en la materia. Posteriormente, se realizó un documento titulado
“Elementos para un programa estratégico en informática” cuyo contenido
son las necesidades de una política informática para, posteriormente, externar
algunas propuestas de solución a ello.
El trabajo
realizado fue, ampliamente divulgada entre la comunidad informática del sector
público y cuya intención era, también invitar a la sociedad a participar en la
discusión y generación de propuestas en política informática. Y ya para
noviembre de 1994, el INEGI, realizó el Foro de Análisis de Política
Informática, cuya convocatoria fue ampliamente rebasada en cuanto a número de
asistentes, invitando a especialistas, investigadores, académicos, usuarios y
empresas proveedoras de bienes y servicios, cuyo fin era exponer los puntos de
vista de cada uno de ellos con respecto a la publicación de dicho documento y
la respuesta fue positiva con la recomendación de que, el rubro de la
Informática fuera tomada en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo (1995 –
2000) del gobierno de Ernesto Zedillo y que, finalmente, fue agregada dicha
propuesta; después de una serie de trámites para su incorporación; titulado Programa
de Desarrollo Informático que incluye treinta y dos programas, esto es, por
los 31 estados y el Distrito Federal s nivel nacional. Los elementos para la
conformación del Programa, mediante el INEGI y otros sectores gubernamentales
al través de grupos de trabajo encargados de realizar las propuestas básicas y
las acciones a emprender son:
- Recursos Humanos
- Investigación y Desarrollo
- Mercado
- Informática en el sector privado
- Estrategias tecnológicas para el sector gubernamental
- Telecomunicaciones
- Leyes normativas e institucionales
Paralelamente, en el 2005, el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, realizó también un seminario de discusión sobre las políticas de
ciencia, tecnología e innovación cuya participación fue enriquecida entre
sectores académico, gubernamental y privado con el objeto de organizar una
política científica, tecnológica e innovadora cuyos diferentes sectores puedan
participar activamente entre ellos, promoviendo el desarrollo económico y
generando un bienestar social tanto a nivel nacional como particular. Hoy en
día, las brechas que aún existen en el país son: una reducida comunidad
científica y tecnológica capacitada así como escasos proyectos para resolver
problemas de cualquier índole a falta de recursos económicos, baja cultura de
innovación debido a que ambos sectores (público y privado), invierten más en
equipos que en personal así como la evidente carencia de recursos para
factores-riesgo.
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